Nicaragua: Periodistas y escritores en riesgo por la Ley de Ciberdelitos

Nicaragua: Periodistas y escritores en riesgo por la Ley de Ciberdelitos

Medios, periodistas y escritores de Nicaragua, entre ellos, el Centro PEN Nicaragua, han publicado el siguiente pronunciamiento sobre el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, que intenta castigar con penas de cinco a ocho años de prisión a quien “revele información pública clasificada como reservada» y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”. Con esta ley se intenta impedir las investigaciones periodísticas, violentando el Artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua, que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio. Esta ley pone en riesgo el trabajo de periodistas y escritores, quienes pueden ser criminalizados por su trabajo, opiniones e información que releven a través de medios digitales.

PEN Internacional recuerda que los gobiernos a no recurrir a medidas que minen y restrinjan indebidamente los derechos humanos, “incluyendo el derecho a privacidad, libertad de expresión, información, asociación y reunión; más allá de lo permisible bajo la ley internacional, en un intento de instrumentalizar la situación para sofocar voces disidentes y aplacar el periodismo independiente. Tener una prensa libre, además, es clave para dar una respuesta efectiva a la crisis sanitaria, dado su rol indispensable en el acceso a la información y promoción de la transparencia”.

Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua

¡NO a la Ley Mordaza!

El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua, integrado por propietarios y directores de medios de comunicación nacionales y locales, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, PEN Internacional Nicaragua, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), editores, columnistas, camarógrafos, caricaturistas y blogueros, ante la escalada de la represión reflejada en nuevos ataques y agresiones contra el periodismo independiente, declara:

Rechazamos de manera enérgica el denominado proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, presentado por diputados del gobernante Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional para su inminente aprobación. Esta es una Ley Mordaza, que bajo el falso pretexto de “descontaminar” la comunicación persigue censurar toda forma de información en Nicaragua.

Con esta nueva iniciativa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenaza no sólo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país. Esta ley apunta a controlar y censurar la información en Internet, el único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar. Ahora, toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior.

Denunciamos el artículo 25 de la Ley Mordaza, que castiga con penas de cinco a ocho años de cárcel a quien «revele información pública clasificada como reservada» y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”. Con esta ley punitiva se intenta impedir las investigaciones periodísticas, violentando el artículo 66 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.

Denunciamos también el artículo 30 de la Ley Mordaza, que receta de dos a cuatro años de prisión a quien «usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror o zozobra en la población». Este artículo deja a discreción de los operadores políticos del régimen determinar qué es una “noticia falsa”, así como la definición de conceptos como “alarma”, “terror” y “zozobra”, con el objetivo de criminalizar, atemorizar y censurar a los nicaragüenses, violando su derecho a “expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio», según lo establece el artículo 30 de la Constitución.

Al plantear nuestro rechazo categórico a la Ley Mordaza, reiteramos nuestra demanda del pasado 11 de mayo en torno al derecho de nuestras fuentes informativas públicas, privadas y/o anónimas a informar y colaborar con las denuncias e investigaciones de la prensa sobre corrupción y sobre violaciones de derechos humanos, empezando por las violaciones al derecho humano universal más fundamental, como es el derecho a la vida.

Denunciamos el cierre de más de 20 espacios radiales y televisivos, y la censura televisiva impuesta por la dictadura desde 2018. Demandamos la suspensión de la censura para que 100% Noticias y los programas televisivos que se transmitían en ese canal, así como Esta Semana y Esta Noche, puedan transmitirse a través de la televisión abierta y el sistema de cable, y exigimos al Estado que cese la ocupación policial de sus redacciones que mantiene de forma ilegal desde hace 19 meses.

La Ley Mordaza se suma en un peligroso combo a las recientes propuestas de Ley de Agentes Extranjeros y de instauración de la cadena perpetua, adefesios jurídicos copiados de Rusia, Cuba y Venezuela, para criminalizar la libre expresión de los nicaragüenses, mientras el discurso de odio de Ortega y Murillo es el principal instigador de la violencia criminal y la desinformación.

Jorge Torres, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), Michael Healy. EFE /

Rechazamos los arbitrarios juicios penales contra los periodistas David Quintana, Elsa Espinoza y William Aragón, y la absurda condena a Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, así como otras recientes acciones ilegales con las que el régimen intenta callar a la prensa independiente: el embargo fiscal al Canal 12 de televisión, el reparo fiscal al Canal 10 y el cobro ilegal a 100% Noticias.

Exigimos justicia para las más de 328 víctimas de la masacre perpetrada contra la población civil por fuerzas del gobierno durante las protestas cívicas de abril de 2018, entre ellos el periodista Ángel Gahona, asesinado a sangre fría en Bluefields cuando realizaba su trabajo informativo.

Hoy, como ayer, los periodistas tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua: no aceptaremos la censura ni la autocensura. Continuaremos informando, pese a todas las amenazas del régimen, defendiendo la libertad de prensa, como la primera de todas las libertades.

¡Libertad para las presas y presos políticos!

Revista OZ

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