Diversidad: El domingo se realiza pre-referendum contra Ley Trans en Uruguay

En el contexto de Latinoamérica, Uruguay en general siempre ha sido un país de avanzada en materia de políticas y legislación social. Hay una tradición garantista en el país, que se inicia –a grandes rasgos- en la segunda presidencia de José Batlle y Ordoñez (Partido Colorado) quien inspirado en cosas que vio en Suiza, y por los movimientos obreros, resolvió construir un país de avanzada una vez regresó.

Esto llevó a que a principios del siglo XX, Uruguay contara con divorcio legal, reconocimiento a los hijos “naturales”, leyes laborales que amparaban a los trabajadores (ley de 8 horas, seguridad social, despidos, prohibición del trabajo infantil, reglamentación del trabajo femenino) e incluso, reforma de la Constitución mediante, fue el segundo país del continente, luego de Canadá, en reconocer el derecho al voto de las mujeres. Inclusive, se convirtió en el único país oficialmente laico de la región. No sólo es el único que no reconoce religión oficial, sino que, la “Semana Santa” se conoce en el paisito como Semana de Turismo. La Navidad oficialmente se denomina Fiesta de la Familia.

Todas estas conquistas se mantuvieron y consolidaron a lo largo del siglo pasado, con momentos políticos de avance y otros de freno a este impulso renovador. Pero en una región, habitualmente marcada por el signo político del conservadurismo, y decenas de dictaduras militares, Uruguay siempre se mantuvo a la cabeza en materia de derechos, aun cuando otros países también pasaron por etapas de modernización.

Con la llegada del Frente Amplio, una coalición de sectores de izquierda y centro izquierda, había expectativas respecto a que se impulsaran nuevas políticas de avanzada en materia social, dentro de lo que se ha dado en llamar “Agenda de Derechos”.

El primer gobierno del Frente Amplio tuvo sus contradicciones al respecto. Por un lado, casi 100 años después del gobierno de Batlle y Ordoñez, se aprobó la ley de 8 horas para los trabajadores rurales y las empleadas domésticas, dos grupos de trabajadores que habían sido históricamente postergados de la legislación laboral, y también se aprobó la Ley de Uniones Concubinarias.

Pero por otro lado, Tabaré Vázquez vetó artículos de una ley –que había sido aprobada por el Parlamento- que despenalizaban la interrupción voluntaria del embarazo. Cumplió así con una posición que venía sosteniendo desde que había sido Intendente de Montevideo (1990-1995) pero generó gran malestar en organizaciones de mujeres.

En el segundo gobierno, con José “Pepe” Mujica como Presidente, el impulso fue mayor. Se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (que fue nuevamente presentada) se aprobó el Matrimonio Igualitario, y la Ley de Regulación de Comercialización y Autocultivo del Cannabis.

La ley “trans”

Así se llega al tercer período de gobierno consecutivo del Frente Amplio, nuevamente con Tabaré Vázquez instalado en la presidencia.

En octubre del año pasado el Parlamento aprobó la Ley Integral para personas Trans, un instrumento jurídico que busca hacer efectivo el cumplimiento de ciertos derechos, como el acceso a la salud, a tratamientos hormonales, a elegir su identidad, a tener acceso a un porcentaje de trabajos en el Estado (el 1 por ciento) y participar en programas de capacitación laboral. Todo esto para un sector de la población que ha sido históricamente vulnerada en el ejercicio de sus derechos, estigmatizada, ridiculizada, y violentada. La expectativa de vida de una persona trans en Uruguay, no pasa de los 40 años, cuando la media general anda por los 74-75 años.

Tal vez el artículo más polémico sea el 10, que establece un régimen reparatorio para aquellas personas trans, nacidas con anterioridad a 1976, que por su condición de tales hayan sido víctimas de abusos por parte del Estado. Pero no es algo que vaya a cambiar las cuentas del Estado: son muy pocas personas (entre otras razones por la corta expectativa de vida) que percibirían una cifra inferior a un salario mínimo mensual.

Ya antes de su aprobación existían voces críticas contra este proyecto, argumentando –entre otras cosas- que viola el principio de igualdad ante la ley, consagrada en la Constitución.

De esta forma se conformó un grupo, liderado por legisladores del Partido Nacional (o Blanco) vinculados a movimientos religiosos (evangélicos y católicos) en una dinámica novedosa, e inesperada, en el Uruguay orgullosa y tradicionalmente laico.

Aunque cuantitativamente pocos, han demostrado tener una capacidad de movilización e influencia no menor, y representar a una parte de la ciudadanía uruguaya que ve con desconfianza, incluso con cierto malestar, lo que entienden como “privilegios” y no derechos de la población trans.

Los argumentos por los que se oponen, además de esa supuesta violación a la declaración constitucional de la igualdad ante la ley, pasan por tópicos similares a los usados en Uruguay y todo país donde se haya aprobado el matrimonio igualitario.

El mensaje político

Como sea, 70.000 personas firmaron para habilitar una instancia consultiva, que se realizará al próximo domingo 4 de agosto, respecto a la voluntad de mantener o no esta ley. Es una elección no obligatoria, y se precisa que unas 650.000 personas voten, para, en ese caso sí, aprobar un referéndum que mantenga o derogue esta norma.

No es la primera vez que se interpone un recurso de este tipo contra una ley así. En 2013, diferentes organizaciones sociales y políticas, entre ellas la Iglesia Católica, promovieron un pre-referéndum contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; iniciativa que fracasó rotundamente al conseguir tan solo un 10% del total de ciudadanos habilitados.

Si bien ahora las encuestas coinciden en señalar que no se alcanzaría la cantidad de votos necesarios, e incluso hay diferencias dentro de la Iglesia Católica (el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, si bien no la comparte, expresó que no irá a votar porque la ley “ampara a un pequeño grupo de personas que han sido discriminadas”)

Lo llamativo es el grado de virulencia, de fervor, que se percibe en torno a esta iniciativa. La campaña que buscaba dar marcha atrás con la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) no tuvo la intensidad que ha tenido esta, fundamentalmente en redes sociales. Y no es porque en 2013 no existieran las redes.

Es que hay algo que ha cambiado políticamente en Uruguay. Sin lugar a dudas no todos los uruguayos son tan progresistas/liberales como para estar satisfechos con esta legislación de avanzada; pero tal vez, tantos avances ha generado una reacción sobredimensionada en los sectores socialmente más conservadores y reaccionarios (religiosos y no religiosos), que han encontrado en esta ley concreta un blanco fácil para canalizar su frustración y enojo con la agenda de derechos y lo que denominan “ideología de género”.

Ha esto debe sumarse el agotamiento/cansancio de parte de la población luego de tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio, en un contexto de desaceleración económica, episodios de corrupción y mal manejo de dineros públicos (que incluso llevó a la renuncia del por entonces Vicepresidente, Raúl Sendic) que ven en este tipo de iniciativas una oportunidad para expresar su descontento y votar en contra del Frente.

Un tercer aspecto a tener en cuenta, es el contexto regional, que incide, con una derecha renovada y vigorizada, con aires triunfalistas, y proyectos de izquierda o populares que han ido quedando por el camino.

De todos modos, una cosa es conseguir 70.000 firmas para habilitar una consulta de este tipo.

Y otra es contar con la voluntad de 650.000 personas que en una elección no obligatoria, decidan ir a votar un domingo, para restarles derechos a uno de los sectores históricamente más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.

Sería el final de una tradición centenaria, de un imaginario social convertido en puro mito, y muy probablemente el comienzo del freno al impulso de los pasados 15 años.

Sería, en definitiva, ir en contra del principio artiguista, tan bien plasmado en la frase “que los más infelices sean los más privilegiados”.

Revista OZ

Rodrigo Tisnés es colaborador de Revista OZ, nació en Rocha, Uruguay, escritor, periodista, estudió ciencias políticas, coordina un taller literario en el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la UBA.

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