Acuerdo de paz en Colombia: Panorama a un año de su implementación

Después de cuatro años de diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Juan Manuel Santos, el 26 de agosto de 2016 se conoció el acuerdo de paz que las partes firmaron en La Habana. Este se puso en consideración del pueblo colombiano el 2 de octubre del mismo año a través de un plebiscito en el que ganó el “No”. La respuesta de la sociedad colombiana ante el acuerdo de paz cayó como un balde de agua fría tanto para las partes firmantes como para la comunidad internacional. No se podía entender cómo más de la mitad de la población que salió a votar le daba la espalda a una salida negociada al conflicto armado que llevaba más de cincuenta años desangrando al país.

Sin embargo, lo más llamativo fue que un gran porcentaje de la población – 62% del censo electoral – se abstuvo de pronunciarse. Como consecuencia de los resultados del plebiscito, las partes se reunieron nuevamente y el 24 de noviembre dieron a conocer el Acuerdo Final, el cual tuvo en cuenta algunas de las demandas de los voceros del “No”. Este Acuerdo fue finalmente ratificado por el Congreso de Colombia el 30 de noviembre de 2016.  

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', estrechan sus manos tras la firma del acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena de Indias, el pasado 26 de septiembre. REUTERS/John Vizcaino
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, estrechan sus manos tras la firma del acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena de Indias. REUTERS/John Vizcaino
Pero, ¿cómo va la implementación del Acuerdo Final de paz?

Un año después de su implementación, el balance no parece ser muy positivo, pues a pesar de que los miembros de las FARC ya se encuentran en las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización dispuestas para su concentración y dejación de armas, el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones. De acuerdo con el informe presentado a principios de octubre por la Defensoría del Pueblo sobre el desarrollo del Acuerdo, el incumplimiento del Estado no ha sido solamente con los ex guerrilleros, sino también con las poblaciones donde se encuentran ubicadas las Zonas Veredales, principalmente, porque no ha generado a infraestructura y desarrollo de proyectos económicos adecuados en esos territorios.

Adicionalmente, las condiciones de negociación y la lentitud con la que el Gobierno ha efectuado los programas de sustitución de sembrado de hoja de coca están generando enfrentamientos con las comunidades campesinas dedicadas a estos cultivos. Pero sobre todo, lo que más preocupación ha despertado en las comunidades es el aumento de asesinatos de excombatientes y líderes sociales. Todas estas fallas, indica la Defensoría, están generando zozobra y condiciones de riesgo para la población y los ex guerrilleros.

Zona Veredal deTransición y normalización- Foto: María Camila Sánchez

Si consideramos que un proceso de paz tiene diversas dimensiones – verdad, justicia y reparación; reformas políticas, sociales y económicas-, pero estas no se articulan en un todo para lograr la reincorporación económica y social de aquellos que renunciaron  a las armas para expresar sus ideas, esas dimensiones pueden desvirtuarse e impedir que se materialice el proceso de paz. Por tanto, urge que el Gobierno empiece a resolver los temas relacionados con la infraestructura y la ejecución de proyectos económicos productivos, puesto que es fundamental erigir cimientos fuertes que permitan resistir los embates y tareas previstas más adelante en la construcción de una sociedad edificada en el reconocimiento de la diferencia y, principalmente, en la no repetición de un conflicto armado.

Foto de Portada: EFE

Revista OZ

Diana Gómez es colaboradora en Revista OZ, historiadora recibida en su país natal Colombia, docente. Realizó maestría en análisis del discurso (UBA).

 

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