La Ley Integral para las personas Trans quedó firme en Uruguay

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Al igual que sucediera en el año 2013 con el pre-referéndum en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el que –con el apoyo monolítico- de la Iglesia Católica, primero se recolectaron las firmas necesarias, para luego habilitar una instancia consultiva, voluntaria, de adhesiones, que debía llegar al 25% del total del padrón electoral; finalmente, el pasado domingo 4, la Ley Integral para las personas Trans quedó firme en el marco normativo del país, al haber quedado muy lejos de la cantidad de votos necesarios.

La iniciativa necesitaba alcanzar unos 670.000 votos, y se quedó muy lejos, con 266.503 personas que expresaron su voluntad en ese sentido. Un 9,9% del total de habilitados, muy lejos de ese necesario 25%.

La cifra es similar a las voluntades expresadas en la misma instancia de 2013, contra la ley del IVE, efectuada el 20 de junio de 2013, que obtuvo en su momento un 8,92% de adhesiones sobre el total de personas habilitadas a votar. En términos absolutos fueron 233.683 en aquella ocasión.

Por tanto, se puede extraer como primera conclusión, que existe en el país un núcleo duro, no muy numeroso, pero sí consolidado, de unas 250.000 personas, que serían las socialmente más conservadoras del espectro político uruguayo.

También que han surgido liderazgos y corrientes políticas que entienden y representan a esta parte de la ciudadanía, opuesta a la denominada Agenda de Derechos, y especialmente a lo que (des)califican como “ideología de género”, un combo que estaría integrado por diversas iniciativas y reclamos como los de despenalización/legalización del aborto, el matrimonio igualitario, las leyes que penalizan la violencia por razones de género, el derecho a adecuar la identidad registral y de género de las personas trans, la inclusión de la educación sexual en la currícula escolar y de secundaria, la cuota para ocupar lugares en las listas en el caso de las mujeres y para los llamados laborales en el caso de negros, trans y personas con discapacidad.

Otro punto interesante, es que no se puede reducir el apoyo y resistencia a este conjunto de leyes a la tradicional división izquierda/derecha. Si bien la abrumadora mayoría de los votantes de izquierda (o que votan a fuerzas de izquierda, que no es lo mismo) se identifican y defienden estos avances; no es para nada despreciable la cantidad de votantes de derecha (o de partidos de derecha) que apoyan, o al menos no ven con desagrado estos nuevos derechos, y se encuentran lejísimos de entenderlos como la consagración de “privilegios”.  Si no, resultaría absolutamente incomprensible que menos de 10 de cada 100 ciudadanos voten en contra de estas leyes.

¿Cómo se explica esto? Se trata, probablemente, de una importante cantidad de ciudadanos cercanos a la tradición liberal, económica y política; que los enfrenta ideológicamente a la izquierda en la concepción del modelo económico: rol del Estado y del mercado, tipos de impuestos a aplicar, formas de distribuir y redistribuir los ingresos y la riqueza generada, leyes laborales, subsidios, etc; mientras que por otro lado, se enfrentan a los conservadores respecto a cuestiones que hacen a las libertades individuales y sociales: consumo y adquisición de drogas, nuevas concepciones y arreglos familiares, respeto y reconocimiento a las minorías y grupos sociales discriminados.

De hecho, no resulta nada novedosa esta dicotomía liberales-conservadores, ya que, en los primeros sistemas parlamentarios, previos a la política de “masas” del Siglo XX (surgida al calor de los socialismos, luchas obreras y el sufragismo feminista) cuando los criterios de representación eran mucho más restrictivos que hoy día, esta fue la primera oposición política, entre élites parlamentarias.

Súmese a esto, la referida tradición uruguaya en leyes sociales de avanzada, y su laicidad, que convierte a la religión –y concretamente a la Iglesia Católica- en un actor político de influencia bastante baja, y se tiene una aproximación bastante buena al nuevo fracaso electoral de la ofensiva neo-conservadora.

Esto no implica, de ninguna manera, que el 90% de ciudadanos que optaron por no votar, y sobre todo los dirigentes político-partidarios, tengan la misma opinión acerca del contenido y aspectos de la ley. Es probable, que si bien muchos sostienen que debe ser mantenida, también sean proclives a realizarle modificaciones.

Pero más allá de esta posibilidad, nuevamente, queda la satisfacción de que el impulso en la agenda de derechos, no ha sido frenado por esta nueva ola neo-conservadora.

Al menos, en este aspecto, sí puede creerse en la “excepcionalidad” uruguaya en una región que, recientemente, ha visto como en Argentina, un grupo de senadores fue más decisivo que el reclamo en las calles de miles de mujeres y varones.

Revista OZ

Rodrigo Tisnés es colaborador de Revista OZ, nació en Rocha, Uruguay, escritor, periodista, estudió ciencias políticas, coordina un taller literario en el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la UBA.

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