Cataluña: entre lo Jurídico y lo Político (Primera parte)

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En julio de 2012, cuando los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay resolvieron suspender temporalmente a Paraguay como miembro pleno del MERCOSUR (posibilitando así el ingreso de Venezuela), el por entonces presidente José Mujica argumentó la decisión diciendo que a veces “lo político estaba por sobre lo jurídico”.

El razonamiento, por supuesto, generó polémica, especialmente entre quienes sostienen que en un Estado de Derecho, las razones y lógicas políticas no pueden primar ni estar por sobre las acciones ajustadas a derecho. Tanto es así que, el año pasado, en ocasión del traspaso de la presidencia pro-témpore del Mercosur, el gobierno uruguayo –aun siendo del mismo partido político- sostuvo el argumento contrario, para defender su decisión de pasar ese mando a Venezuela.

En realidad, ambas posiciones están equivocadas. Parten de una idea de preeminencia de una lógica sobre la otra; cuando, en realidad, ambas coexisten. En general esa coexistencia se da en forma más o menos armónica, pero hay ocasiones en que ambas coliden y entran en tensión. Es el caso por ejemplo de normas declaradas inconstitucionales. Además de problemas de técnica legislativa que puedan existir en algunas de ellas, también es resultado de la tensión entre disposiciones normativas establecidas en la Constitución, y la voluntad del cuerpo legislativo de sancionar normas, que más allá de lo normativo, expresan una voluntad o señal política en determinado sentido.

Pero no son los únicos casos que existen.

Retomando el ejemplo inicial: la destitución de Fernando Lugo fue un acto político en el que integrantes de una alianza que había llevado al gobierno al entonces presidente, la rompieron, se aliaron con otros socios, y dejaron en minoría al bloque del Presidente. La nueva mayoría tenía los votos más que suficientes para destituirlo, y aprovechó una situación coyuntural para hacerlo. No fue un golpe de Estado, dado que es un mecanismo previsto constitucionalmente. Pero tampoco se puede decir que fue un “juicio”: no resiste el menor análisis en materia de las garantías ofrecidas al acusado para su legítima defensa, ni en la imparcialidad del cuerpo que resolvió el tema, ni en los plazos brindados. La confusión está en utilizar la denominación “juicio” para un acto eminentemente de carácter político, dado que es resuelto por un cuerpo político, en el que, pese a que existen argumentos que se quieren vestir con ropaje jurídico, en realidad se manejan argumentos políticos, y se sostienen en base a acuerdos, negociaciones, y componendas políticas, que un tribunal judicial no admitiría nunca por la sencilla razón de que está por fuera de su lógica de funcionamiento. Exactamente lo mismo puede ser afirmado en los casos de los brasileños Fernado Collor y Dilma Rousseff, y en el del –aun- presidente peruano, Pedro Kuczynski.

Tanto en el caso de normas supuestamente, o posiblemente, inconstitucionales, como en las formas de destituir al titular del Poder Ejecutivo, en cada país existen mecanismos diversos que administran estas tensiones.

El problema surge cuando no existe un mecanismo previsto para administrar ese conflicto, o sí existe es muy parcial e imperfecto, y no se ajusta a la realidad. Eso es lo que pasa en el caso de Cataluña, con la puja entre independentistas y unionistas.

Continuará…

Revista OZ

Rodrigo Tisnés es colaborador de Revista OZ, nació en Rocha, Uruguay, escritor, periodista, estudió ciencias políticas, coordina un taller literario en el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la UBA.

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